COFECE vs Amazon y Mercado Libre

Por: Licenciada Martha Cristina Bravo Rojas

Todos hemos utilizado, o al menos escuchado hablar, de Amazon y Mercado Libre, las primeras plataformas que consiguieron ganarse nuestra confianza para ingresar nuestras tarjetas de crédito, y tener la seguridad de que las cosas nos llegarían a la puerta de nuestra casa.

El ser gigantes del comercio electrónico, al parecer tiene consecuencias. El día 13 de febrero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto del dictamen preliminar de una investigación realizada por la COFECE en plataformas digitales que facilitan la interacción entre compradores y vendedores para llevar a cabo transacciones comerciales, conocidas como marketplaces.

El resultado de esta investigación arrojó que tanto Amazon como Mercado Libre detentan el 85% del mercado de los vendedores, por lo que tienen la capacidad de controlar los precios establecidos para los vendedores.

El dictamen señala que, si bien existen algunos competidores, la mayoría son de un tamaño mucho menor en comparación a Amazon y Mercado Libre, y que la capacidad que tienen no ejerce una presión competitiva significativa.

Dentro de la investigación encontraron tres barreras a la competencia:

  1. Los programas de lealtad de Amazon y Mercado Libre que contemplan diversos servicios, no relacionados con el Marketplace, como servicios de streaming, juegos, música, etc.; se consideran una estrategia artificial para atraer y retener a compradores, provocando que los compradores y vendedores no usen otras plataformas alternativas.
  2. Falta de reglas claras de operación de la Buy Box (ofertas destacadas dentro del Marketplace), esto provoca que los vendedores puedan ser inducidos al error al formar sus estrategias comerciales para que sus productos aparezcan en la Buy Box.
  3. Por último, se encontró que dichas plataformas no permiten interconexión de su API (Application Programming Interface) con empresas de logística, y vinculan el posicionamiento de los productos de los vendedores en la Buy Box a que tengan contratado un programa fulfillment ofrecido por la misma plataforma. Esto quiere decir que dan ventaja a los vendedores que realizan la logística con ellos, y no permiten que otras empresas se interconecten con su plataforma para poder ofrecer otros servicios de logística dentro de sus plataformas.

Derivado de las barreras que se encontraron, la COFECE propone ordenar a las plataformas desvincular los paquetes que ofrecen servicios diversos al Marketplace, es decir, que nos podemos ir olvidando de que por 99 pesos mensuales se incluyan entregas gratis, Amazon Prime, Amazon Music, etc., o sus equivalentes en Mercado Libre.

Además, se propone que las plataformas determinen las reglas claras a los vendedores que deseen aparecer en la Buy Box y que se permita la interconexión con otras empresas de logística.

Es importante señalar que apenas es un dictamen preliminar, que está trabajando la COFECE junto con las plataformas para ofrecer soluciones, y todavía no es obligatorio, pero deberemos seguir de cerca esta investigación, ya que sus resultados pueden afectar al mercado de los compradores, al quitarnos ventajas de contar con suscripciones adicionales.

Criterios relevantes en materia de propiedad intelectual

Por: Licenciada Laura M. Garay

En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió diversos criterios que han sido parteaguas en materia de derechos de autor y uso de imagen. Lo anterior, gracias a los litigios que han formado precedente, entre ellos, la controversia entre Ricardo Arjona y Toyota, por el uso no autorizado de su imagen con un “doble” y por la modificación de la letra de la obra musical “Jesús es verbo y no sustantivo”.

En el caso referido, la SCJN realizó una interpretación no literal ni restrictiva del término “retrato” del artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual pronuncia que la protección del derecho a la imagen no puede fungir como una herramienta que sólo permita a su titular hacer frente al uso no autorizado por la captación o difusión del “retrato, fotografía o dibujo”; en los cuales, se representan únicamente las características físicas de una persona; sino que va más allá; debiéndose salvaguardar elementos que forman parte de la imagen de una persona, entre ellas: la voz, nombre, firma, así como todos los elementos y características que son propias de la persona, como su forma o modo de expresión o proyección frente a los demás, bien ya sea de forma natural o construida (artistas) que se perciben por los demás sentidos, elementos que son considerados en forma conjunta como parte de su individualidad o identidad de las personas.

Por otro lado, la SCJN consideró el concepto del término “obra”, implica objetos inmateriales o intangibles susceptibles de fijarse en un soporte material (libros, CDs, escultura, lienzo, etc.), que permiten ser reproducidos y comunicados al público, siendo relevante, puesto que a partir de que nace la obra, se adquiere la calidad de autor y, en consecuencia, la reclamación de los derechos correspondientes. Además, siendo esencial que la obra tenga la característica de originalidad o individualidad. Aunado a lo anterior, en otro criterio, la SCJN reafirma lo establecido en el Convenio de Berna (Tratado Internacional al que pertenece México), en el cual, se establece que no es necesario el registro de la obra ante autoridad para que la misma se encuentre protegida.

Para el tema de indemnización, la SCJN se ha pronunciado que no puede coexistir con el pago de daños y perjuicios por concepto de daño moral, ya que se condenaría dos veces por el mismo concepto por reparación del daño moral del autor, siendo el objetivo el pago justo en favor del autor.

En concordancia con el último criterio, la SCJN ha establecido que para que sea procedente el pago de la indemnización por daño moral del autor, deberá demostrar la existencia de la autoría y se hayan realizado cualquiera de dos conductas: a) oposición a cualquier deformación, mutilación o modificación de la obra, o; b) la oposición a toda acción o atentado a la obra que cause demérito o perjuicio a la reputación del autor.

Con los criterios pronunciados por la SCJN, se amplía el ámbito de protección de los derechos en materia de propiedad intelectual, ya que con la interpretación que se realiza a las leyes, se han ido superando los contextos bajo los cuales se han expedido éstas, permitiendo en consecuencia, el respeto a los derechos de los autores y en sí de cualquier persona por el uso de imagen.

¿Y MIS 20 DÍAS POR AÑO?

Por: Licenciado Jair I. Anzures Ornelas

Siempre que se termina una relación laboral sin tener una causal de rescisión, lo más recomendable, para ambas partes, es terminarla a través de una negociación, la cual es importante documentar a través de un convenio de terminación de la relación laboral.

Al momento de la negociación es común que surjan diferencias en cuanto a las cantidades y conceptos que se consideran para calcular lo que le corresponde al patrón pagar al trabajador; una de las diferencias más comunes es el pago de los 20 días por año laborado, ya que muchas veces el trabajador, e incluso su abogado, exigen que dicho concepto sea considerado al momento de hacer el cálculo.

¿Se deben incluir los 20 días por año laborado?

El pago de los 20 días por año no es un derecho que tenga el trabajador por el simple hecho de haber sido despedido, muchas veces los trabajadores creen que pueden exigirlo debido a que existe desinformación e incluso una mala interpretación del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, argumentando que:

La fracción II del artículo 50 indica que se deben pagar los 20 días por año más los tres meses de salario, con ello dejan de lado que dicho precepto expresa las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior, por tanto, dicho precepto contiene las indemnizaciones mencionadas en el artículo 49, por lo que no puede interpretarse sin haber leído previamente este último, ya que es el artículo 49 el que indica como operan las indemnizaciones, refiriendo que el patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones determinadas en el artículo 50, lo cual significa que, para que puedan aplicarse los artículos 49 y 50, previamente debe haber una acción o solicitud de reinstalación ante la autoridad por parte del trabajador.

Por tanto, los 20 días por año no deberían exigirse, ya que no es obligación del patrón pagarlos, no obstante, este último puede evaluar considerarlos en la negociación. En conclusión, los 20 días por año son una indemnización que corresponde pagar al patrón cuando el trabajador ha iniciado con una acción o solicitud de reinstalación en su puesto de trabajo, y éste se niega a reinstalarlo quedando obligado a pagarle dicha indemnización, a pesar de ello, muchas veces se exigen, incluso a modo de extorsión, con amenazas de que si no se pagan en ese momento se exigirán en juicio, dejando de lado el famoso dicho “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.

SOLICITUD DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR COMPARECENCIA

Por: Licenciada Elizabeth González Flores

Los alimentos son un derecho a favor de los acreedores alimentarios y, ante la negativa del deudor de proporcionarlos, se tiene el derecho de acudir ante un Juez de lo Familiar para reclamarlos judicialmente y se decreten a favor de quien los necesita.

La forma común es solicitarlo a través de un escrito; sin embargo, la Ley contempla la posibilidad de solicitarlo mediante comparecencia, pero ¿a qué se refiere esto?

La pensión alimenticia por comparecencia es un trámite que realiza la persona interesada en reclamarlos ya sea porque los necesita para sí mismo o para sus hijos menores de edad, acudiendo directamente ante el juez sin la asistencia de un abogado. Al acudir al Poder Judicial, en la Dirección Oficialía de Partes Común, se les asignará un juzgado, al que, posteriormente, deberán presentarse a fin de que se tome declaración de los hechos con base en su reclamación y se hará constar por escrito en el documento que contendrá esa comparecencia y con el cual se formará un expediente.

Los documentos que les solicitarán serán:

  • Identificación oficial con fotografía.
  • Acta de matrimonio si la persona es casada.
  • Acta de nacimiento de menores.
  • Domicilio de la parte solicitante.
  • Domicilio particular y laboral del demandado.
  • Cualquiera de los domicilios solicitados debe ser del lugar donde se realizará el trámite.

Asimismo, es recomendable que se lleve documentación adicional que demuestre la necesidad de los alimentos, el nivel de vida económico, los ingresos del obligado a dar alimentos, datos de su fuente de trabajo, etc.

El juez asignado, también procederá a establecer una pensión alimenticia provisional y solicitará se asigne un defensor de oficio.

Los beneficios de este trámite es la rapidez en que se decreta la pensión alimenticia y la emisión del oficio correspondiente; en caso de que el obligado a proporcionar alimentos tenga un trabajo fijo, los descuentos se realizarán de forma inmediata una vez informado a la fuente de trabajo. Sin embargo, la parte negativa, puede reflejarse con posterioridad en el seguimiento al juicio y con las pruebas que se exhibieron, ya que el juicio de alimentos no termina con la gestión del oficio y el pago de los alimentos provisionales, si bien en algunos casos la parte que los solicita y la obligada a proporcionarlos se encuentra conformes con los alimentos provisionales que se fijaron, en otros no lo están y se debe continuar con la controversia, por lo que se recomienda previamente solicitar asesoría, para acudir con todos los elementos de prueba acorde a las circunstancia del caso y se tenga conocimiento del procedimiento.

¿Otro límite a la libertad contractual entre comerciantes?

Por: Abogada Gabriela Valencia Rangel

Es un derecho el poder decidir como disponer de nuestros bienes como puede ser nuestra casa, auto, entre otros, esta decisión de disposición, prevé la posibilidad de poder pactar con terceros cómo rentarlos, venderlos, darlos en comodato, entre otros actos jurídicos, siendo la regla general que, las cláusulas que se establecen, sean de acuerdo con las necesidades de las partes y las que convengan a las mismas, teniendo como limitación que dichas cláusulas, que se establecen en los contratos, no sean contrarias al orden público y que respeten los derechos de terceros.

En materia mercantil, que es la materia que rige a los comerciantes, rige el principio de libertad contractual; que implica que las partes son libres de pactar y establecer en los contratos las cláusulas que crean convenientes a su proyecto de vida, como de sus negocios; siempre y cuando observen un mínimo de reglas previstas en la ley para su creación, validez jurídica, terminación, y en su caso, el proceder por incumplimiento de alguna de las partes, pero respetando el orden público y el interés social. El orden público atiende a la comunidad y por “disposiciones de orden público” se entiende a aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público.

El pasado mes de noviembre la Suprema Corte emitió una jurisprudencia, en la cual estableció que las partes son libres de convenir lo que mejor convenga a sus derechos siempre que respeten las leyes y sean acordes al orden público y la igualdad entre ellas; es decir agregó otro limite a la libertad contractual.

Esto tiene su fundamento en el principio de equidad de las partes en un contrato, partiendo del principio que las partes son libres de pactar en los mismos cláusulas que crean más convenientes en igualdad de condiciones ya que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes, una parte en el contrato no puede estar en plano de desigualdad respecto a su contratante.

Por lo tanto, al momento de redactar un contrato debemos cuidar la redacción y partir de la premisa que en materia mercantil también se rige por el principio de igualdad entre las partes, siendo éstas libres de contratar y procurando que los acuerdos que se tomen sean cumplidos en los términos acordados, sin que la validez y el cumplimiento de los contratos quede al arbitrio de uno solo de los contratantes procurando siempre, que los contratos sean cumplidos a cabalidad por todas las partes involucradas y que exista la seguridad de que se cumplirán con lo acordado.

Marcas en el Metaverso

Por: Martha C. Bravo Rojas

En los últimos años hemos escuchado acerca del Metaverso y aún es un misterio los alcances que podrá llegar a tener. El metaverso ha emergido como un espacio tridimensional inmersivo que redefine nuestra interacción en línea. Esto representa nuevos retos y oportunidades para el derecho, en donde nuevamente se tiene el reto de evolucionar para no quedarse atrás. Sin duda, el metaverso es un área fértil para derechos de autor, pero también para la innovación y posicionamiento de marcas.

El metaverso proporciona a las marcas la oportunidad única de interactuar con los consumidores en un entorno tridimensional. La experiencia del usuario no se limita a imágenes y texto, sino que se expande a la realidad virtual, donde los consumidores pueden explorar productos y servicios de una manera completamente nueva. En este aspecto, los titulares tienen la oportunidad de proteger signos distintivos en el metaverso como la imagen comercial de una tienda en línea para avatares.

Se pueden construir mundos virtuales que reflejen los valores y estilos únicos de cada marca. Siendo que la personalización se convierte en una herramienta poderosa, permitiendo a los consumidores participar activamente en la creación de su propia experiencia de marca.

También se puede aprovechar el metaverso para organizar eventos virtuales que van más allá de las limitaciones físicas. Colaboraciones con otros actores del metaverso, así como la realización de conciertos, conferencias y lanzamientos de productos, ofrecen nuevas formas de conectarse con la audiencia. La pandemia de COVID-19 llevó al aumento en este tipo de experiencias, donde se podía asistir a los eventos en tiempo real a través de avatares.

El metaverso también introduce la noción de una economía virtual, donde los usuarios pueden comprar y vender bienes y servicios virtuales utilizando monedas digitales. Las marcas pueden crear oportunidades para la participación del consumidor, como la adquisición de productos exclusivos dentro del metaverso.

A medida que las marcas exploran el metaverso, surgen desafíos éticos y de privacidad. La recopilación de datos en un entorno virtual plantea preguntas sobre la seguridad y el consentimiento del usuario, lo que destaca la necesidad de establecer estándares y regulaciones claras. Además, surge el reto de protección de las marcas, recordando que el registro de marcas es territorial y sujeto a una comprobación de uso dentro de ese territorio. La pregunta que surge ahora es: ¿en qué territorio tengo que proteger las marcas que se usan en el metaverso?

En conclusión, el metaverso presenta a las marcas una oportunidad emocionante para redefinir su presencia en línea. La inmersión tridimensional, la personalización y la economía virtual son solo algunos de los aspectos que pueden ser explorados para crear conexiones más profundas con los consumidores. Sin embargo, es imperativo abordar los desafíos de protección para garantizar una transición fluida hacia este nuevo y emocionante horizonte digital.

Mickey Mouse ¿obra de dominio público?

A partir del primero de enero del 2024 la caricatura del famoso ratón Mickey Mouse ha pasado a dominio público. ¿Qué implicaciones tiene que una obra pase a dominio público?

La legislación en materia autoral otorga derechos a favor de los creadores de obras artísticas como las que hemos mencionado en artículos anteriores: derechos morales y patrimoniales. Hablando de los primeros, principalmente el derecho moral de paternidad o reconocimiento como autor de una obra, es imprescriptible (no se extingue y es perpetuo al autor). Por otra parte, los derechos patrimoniales, que otorgan el derecho económico exclusivo al autor o herederos, para la explotación de la obra por un plazo determinado, permitiendo que terceros usen o exploten la obra, siempre y cuando el autor o titular les haya otorgado licencia o autorización para su uso y además, retribuya económicamente.

En el caso de México, la vigencia de los derechos patrimoniales para la explotación de obras es la vida del autor más cien años después de su muerte, o en su caso, cien años después de que han sido divulgadas (se han dado a conocer de manera pública). Transcurrido dicho plazo, la ley establece que las obras pasarán a dominio público.

El dominio público o también denominado “bien común” significa que la obra ya no tiene titular sobre los derechos de esta (únicamente respecto de los derechos patrimoniales). El ejemplo más reciente y conocido, es la versión de Mickey Mouse denominada “Steamboat Willie” cuyo titular es la empresa Disney, quien la dio a conocer en 1928. En el presente caso, y de acuerdo con la legislación aplicable en Estados Unidos, se establece que la protección de los derechos patrimoniales será de 95 años, plazo que ha transcurrido y por ello dicha versión de la obra ha pasado a dominio público.

Dependerá de la legislación de cada país los plazos de protección de los derechos patrimoniales.

En caso de que una obra haya pasado a dominio público, cualquier tercero podrá usarla, permitiéndole copiarla, reproducirla, distribuirla, interpretarla (obras musicales) e incluso exhibirla (de acuerdo con la naturaleza de la obra). Por ejemplo, la famosa obra pictórica “El Grito”, del artista noruego Edgard Munch, al pasar al dominio público, ha sido reproducida en pósteres, libros de arte, muñecos, llaveros, dibujos animados, entre otros productos. Lo anterior sin necesidad de autorización ni obligación de pagar ninguna remuneración por el uso comercial de dicha obra. Es relevante destacar que la versión de Mickey Mouse “SteamboatWillie” no implica la disponibilidad total del personaje, al existir versiones subsecuentes, que están protegidas por derechos de autor y cuyo titular es la compañía Disney, tiene el derecho exclusivo vigente de los derechos patrimoniales de las obras en cuanto a las versiones modernas de Mickey Mouse.

MISCELANEA LABORAL

Por: Licenciado Jair I. Anzures Ornelas

El presente artículo tiene la finalidad de informar acerca de las últimas modificaciones, en materia laboral, que entrarán en vigor a partir del 01 de enero de enero d 2024, mismas que son las siguientes:

El 29 de noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman los artículos 251 de la Ley del Seguro Social y 146 de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona un artículo 59 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que esta reforma modifica la siguiente:

1.- Se conceden facultades y atribuciones al IMSS para que, tratándose de personas que se hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, dentro del cálculo de las cuotas obrero-patronales, realice el cálculo correspondiente a las aportaciones de vivienda sobre el ingreso reportado.

2.- Se otorga a las personas, que se hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, la facultad de hacer aportaciones para su abono a la subcuenta de vivienda y de la cuenta individual prevista en los sistemas de ahorro para el retiro.

Por lo anterior, las personas que se que hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social podrán acceder a los créditos de vivienda del Infonavit, así como a tener un retiro derivado de las aportaciones realizadas a su cuenta individual de ahorro para el retiro.

El 12 de diciembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2024, con esta resolución se determinó lo siguiente:

Para la aplicación de los salarios mínimos en la república mexicana habrá dos áreas geográficas:

1.- El área geográfica de la “Zona Libre de la Frontera Norte”, integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.

2.- El área geográfica del “Resto del País”, integrada por el resto de los municipios del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman los Estados Unidos Mexicanos.

Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2024 serán de:

 $374.89 (trescientos setenta y cuatro pesos 89/100 m.n.) por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, y

 $248.93 (doscientos cuarenta y ocho pesos 93/100 m.n.) por jornada diaria de trabajo en el área geográfica del Resto del País.

En conclusión, estas modificaciones que entrarán en vigor el 01 de enero de 2024 no solo benefician a los trabajadores, sino también a aquellas personas que voluntariamente se hayan inscrito al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, por lo que, recomendamos, tanto a trabajadores como a patrones, que verifiquen que a partir del primer pago que realicen o reciban en el 2024, se vea reflejado el ajuste a los salarios, en caso de que perciban u otorguen el mínimo de ley. Espero que este artículo sea de su ayuda, y por ser el último que redacto en el año, lo aprovecho para desearles felices fiestas decembrinas.

Mi mascota como parte de mi familia

Por: Licenciada Elizabeth González Flores

Actualmente las mascotas son consideradas como familia por gran parte de la sociedad, atendiendo a la convivencia y vínculos que generan con las personas que las tienen bajo su cuidado, así como a la evolución del término familia y sus diversas formas actuales.

Sin embargo, dentro de la legislación mexicana, los animales aún son considerados como bienes, en consecuencia, forman parte del patrimonio de una persona y ésta puede disponer de ellos libremente, y, como se ha mencionado en diversos artículos, pueden ser también objeto de embargo.

Si bien existen leyes en nuestra legislación que buscan evitar el maltrato animal, no los consideran expresamente como seres con sentidos, con la capacidad de sentir emociones y por ende capaces de desarrollar lazos afectivos con la familia y los integrantes de ésta con ellos, aunado al derecho a un trato digno.

Debido a ello, en junio del año en curso, la senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila; presentó una iniciativa, que busca reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de reconocimiento de animales domésticos como seres sintientes, integrantes de un sistema familiar multiespecie. Lo anterior, con el fin de que se otorgue a los animales domésticos el reconocimiento de familia, estableciendo las responsabilidades y obligaciones que derivan de la misma.

Bajo esta tesitura, la iniciativa propone que los animales domésticos sean inscritos de forma obligatoria en el Registro Civil para su reconocimiento como familia, lo que deberá realizar la persona que los tenga bajo su cuidado. También establece la obligación de alimentarlos, estableciendo al efecto, que los alimentos comprenden comida, resguardo ante la intemperie y atención veterinaria. Y prevé que, en los casos de divorcio, el juez dicte las medidas tendientes a la protección de los animales domésticos que vivan en el domicilio conyugal.

Con la inscripción en el Registro Civil, los animales domésticos tendrán mayor protección y serán considerados como seres inembargables.

De esta forma, se busca reconocer que las mascotas son seres sintientes con capacidad emocional y vínculos afectivos hacia los humanos con quienes habitan, por lo cual, serán considerados como parte integrante de la familia, imponiendo obligaciones con el fin de que sean protegidos y sean atendidas sus necesidades.

Asimismo, en julio del año en curso, un Tribunal de la Ciudad de México reconoció a la “familia multiespecie” al determinar que los perros de una pareja son miembros de su familia y no de su propiedad.

Si bien hace falta regulación a la figura de familia multiespecie, resulta evidente que la relación entre la familia y sus mascotas, en especial perros y gatos, ha evolucionado, por lo que es necesaria una regulación que se adapte a la realidad social y a la protección efectiva de los animales que sufren maltratos por parte de las personas que se supone los tienen bajo su “cuidado”.

RUA’s o RUFA’s: resoluciones tomadas fuera de Asamblea

Por: Abogada Gabriela Valencia Rangel

La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad; en esta asamblea podrán acordarse y ratificarse todos los actos y operaciones de la misma, como pueden ser: aumentar o disminuir el capital social, modificar la denominación, designación de representantes legales, entre otros actos; y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, normalmente llamada delegado o, a falta de designación, por el Administrador o por el Consejo de Administración.

Pero ¿qué sucede cuando no se puede celebrar una Asamblea por no contar con el plazo para cumplir con los requisitos de la convocatoria o existe un asunto de urgencia que amerita una toma de decisión inmediata? para esos casos, en el año 1992 se incluyó, dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la figura de las resoluciones tomadas fuera de asamblea (llamadas RUA’s o RUFA’s), como su nombre lo indica, son acuerdos que son tomados por los accionistas de la sociedad fuera de ella, sin embargo, para que estas resoluciones sean válidas, deben ser aprobadas por unanimidad de los accionistas.

El artículo 178 establece que, en los estatutos, se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones, con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta ley.

Como se ha comentado, para la validez de las RUA’s es necesaria e imprescindible la decisión unánime, es decir, la votación positiva de todos los accionistas con derecho a voto, independientemente de su participación en la sociedad, lo cual lo diferencia de las Asambleas que tienen esquemas de votación diferente y no se necesita la decisión unánime para la validez de sus resoluciones.

Mucho se ha comentado, ¿qué sucede cuando los estatutos sociales de una empresa no contemplan esta figura? existen criterios encontrados; unos abogados y fedatarios consideran que no es aplicable al no estar contenida la figura en los estatutos sociales, derivado de la redacción del segundo párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que indica: “En los estatutos se podrá prever…” y existe otro criterio que se contrapone, al considerar que las sociedad sí pueden celebrar RUA’s aunque no estén contempladas en los estatutos sociales, y esto, en interpretación del último enunciado del segundo párrafo del artículo 178, donde se establece:  “… En lo no previsto en los estatutos serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de esta ley.” En lo personal, me apego a este último criterio, considerando los principios fundamentales del derecho mercantil que es la autonomía de la voluntad, libertad de contratación y de asociación, la mínima intervención del estado en su regulación, por eso se establecen derechos de minorías que se deben respetar.

En consecuencia, existen dos medios por los cuales se pueden tomar decisiones por los accionistas en la sociedad, la asamblea de accionistas y las resoluciones tomadas fuera de asamblea.