Reglamento de Inteligencia Artificial en la Unión Europea

Por: Licenciada Cristina Bravo Rojas

En esta era tecnológica sin precedentes, el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, promulgado el 13 de junio de 2024 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio de 2024, se convierte en una guía para los Gobiernos y particulares de los límites y alcances de la inteligencia artificial (IA). Este reglamento, compuesto por 13 capítulos, no solo busca la eficiencia del mercado, sino que también promueve una IA que respete la esencia humana y sea de fiar.

Dicho Reglamento establece un marco jurídico uniforme para el desarrollo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA en la Unión Europea. El artículo primero de este Reglamento, se centra en la promoción de una IA centrada en el ser humano, garantizando un alto nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales; incluyendo la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente. Además, fomenta la innovación y asegura la libre circulación transfronteriza de mercancías y servicios basados en la IA. Encontrar el balance entre innovación y ética siempre será motivo de debate, pero son este tipo de legislaciones los que hacen evolucionar a las ciencias sociales a la par de la tecnología.

Una de las innovaciones clave del reglamento es la categorización de los sistemas de IA según el riesgo que presentan. Esto permite ajustar las obligaciones y requisitos de transparencia, equilibrando la innovación con la seguridad. Las prácticas prohibidas, como la manipulación del comportamiento cognitivo y la puntuación social, reflejan una preocupación fundamental por el bienestar y la dignidad humana, evitando que la tecnología se convierta en un instrumento de control y opresión.

El reglamento también establece responsabilidades claras para todos los actores en la cadena de suministro de IA, incluyendo proveedores, importadores, distribuidores, fabricantes y representantes autorizados. La creación de la Oficina de la Inteligencia Artificial como órgano de gobernanza, asegura la aplicación efectiva de estas medidas, estableciendo un sistema de sanciones que refuerza el compromiso con la legalidad y la justicia.

La entrada en vigor del reglamento será gradual, permitiendo una adaptación adecuada a sus exigencias. A partir del 2 de agosto de 2026, la mayoría de las medidas serán aplicables, con ciertas excepciones que entrarán en vigor en fechas posteriores. Este enfoque progresivo facilita una integración más fluida de los nuevos requisitos, asegurando que todos los actores del mercado comprendan plenamente las nuevas obligaciones y tengan tiempo suficiente para implementarlas.

Podemos esperar que este Reglamento comience a replicarse en todo el mundo, siendo un buen acercamiento para la evolución legislativa de los países para regular temas que parecieran de ciencia ficción, sin embargo, el uso IA se ha vuelto parte de nuestro día a día, y que mejor que esté bien regulado.

Protección acumulada de las creaciones intelectuales

Por: Licenciada Laura M. Garay

La Propiedad Intelectual tiene como objeto proteger la creación del intelecto humano. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual divide a la Propiedad Intelectual en dos ramas, la primera es la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, diseños de circuitos integrados, secretos empresariales, signos distintivos, indicaciones geográficas de origen y las variedades u obtenciones vegetales); y la segunda es el derecho de autor (obras literarias y artísticas: novelas, poemas, obras dramáticas o teatrales, películas, música, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, bases de datos, diseños arquitectónicos y programas de cómputo o software).

El Estado otorga a su autor o creador derechos de carácter exclusivo que lo facultan para ejercerlos por un plazo determinado, con el objeto de recompensar e incentivar su aportación a la sociedad para el desarrollo cultural, industrial o comercial.

La protección acumulada recae en el supuesto de que una creación intelectual puede ser protegida de forma simultanea por una o más figuras de Propiedad Intelectual, es decir, en derechos de autor y propiedad industrial.

En los antecedentes históricos de la legislación mexicana de la Propiedad Intelectual observamos que, en un principio, se adoptó el sistema de la no acumulación, y con posterioridad, el de la acumulación absoluta. Actualmente predomina el último sistema, salvo casos expresamente considerados en las leyes respectivas, como ejemplo tenemos a los programas de cómputo, los cuales están protegidos como obras, pero no se permite su acumulación como patentes.

México adoptó el sistema de protección acumulada absoluta en la Ley Federal del Derecho de Autor, al establecer en su artículo 5º que la protección que otorga dicha Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente de su destino, es decir, no importa que tengan un fin comercial o industrial.

Los requisitos legales básicos para la protección de las creaciones intelectuales conforme al vigente sistema mexicano de Propiedad Intelectual son básicamente los siguientes:

1) Estén fijadas en un soporte material con originalidad, cuando se trate de una obra.

2) Que sean nuevas y de aplicación industrial, en el caso diseño industrial.

3) Que sean distintivas, para el caso de marcas.

Un ejemplo de lo anterior es la obra del escultor Jorge Marín que se encuentra protegida como marca y como obra escultórica.

Es relevante resaltar que no toda creación intelectual ameritará una protección acumulada, por lo que se deberá realizar el estudio particular de dicha creación para determinar si cumple los requisitos legales para gozar de dicha protección conforme a los requisitos legales, las creaciones intelectuales son independientes, compatibles y acumulables.

En general, la protección de las creaciones humanas no es excluyente, por lo que es posible obtener los beneficios en materia de derechos de autor y propiedad industrial.

PERDÍ MI LIBERTAD POR LA JORNADA LABORAL

Por: Licenciado Jair I. Anzures Ornelas

¿Sabías que puedes ir a prisión si tus trabajadores laboran más de lo permitido por ley?

El delito de trata de personas en materia laboral está previsto en el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el cual, hasta antes del 07 de junio de 2024, contemplaba lo siguiente:

Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas.

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo con la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

El 07 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto con el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la legislación en comento, dentro de dichas modificaciones se adicionó al artículo anterior lo siguiente:

IV. Jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la Ley.

Tratándose de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas las penas previstas serán de 4 a 12 años de prisión, y de 7 mil a 70 mil días multa.

Por tanto, con esta reforma, aquellos patrones que tengan trabajadores que laboren jornadas que sean mayores a las estipuladas por ley, estarán cometiendo el delito de explotación laboral, cuyas penas privativas de la libertad van desde los 3 a los 10 años y se agravan con penas de 4 a 12 años, cuando los trabajadores sean pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas.

Debemos precisar que la jornada máxima legal es de 48 horas semanales, permitiendo la labor de 3 horas extraordinarias diarias máximo 3 veces por semana, es decir 9 horas extra semanales, por lo que si tienen trabajadores que laboren más de 57 horas a la semana estarán cometiendo el delito de explotación laboral.

En conclusión, es importante prestar atención a la duración de la jornada que tienen los colaboradores, ya que, de rebasar el límite legal el pago de horas extras pasa a segundo término, pues lo más preocupante es que estaremos cometiendo un delito que amerita una pena privativa de la libertad.

¿PUEDES DISPONER DE LOS BIENES DE TUS HIJOS?

Por: Licenciada Elizabeth González Flores

Los bienes que tienen los hijos mientras están bajo la patria potestad se dividen en dos clases, las cuáles son:

  • Bienes que adquieren por su trabajo
  • Bienes que adquieren por cualquier otro título

La importancia de esta clasificación radica en los derechos y obligaciones que conlleva cada una. Los bienes que los hijos adquieren por su trabajo les corresponden en propiedad, administración y usufructo; mientras que los bienes que adquieren por cualquier medio diverso al trabajo tienen la propiedad y la administración les corresponde a los padres y del usufructo, corresponderá la mitad a los hijos y la otra mitad a los padres, aclarando que, el usufructo es el derecho de usar y disfrutar de los bienes. Respecto de los bienes que adquieren por herencia, legado o donación, si el testador o el donante establecen que el usufructo pertenezca a los hijos o se destine a un fin especifico, se estará a lo establecido por ellos y no corresponderá a los padres.

En atención a lo anterior, los padres solo serán administradores de los bienes adquiridos por los hijos, teniendo la obligación de rendir cuentas, por lo que el juez de lo familiar podrá determinar las medidas necesarias para evitar que se dilapiden o existan abusos por parte de los progenitores.

Aunado a lo anterior, los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes inmuebles ni los muebles preciosos que pertenecen a sus hijos, salvo que sea por absoluta necesidad o exista un beneficio evidente; sin embargo, previamente se tiene que solicitar autorización al juez de lo familiar, quien podrá conceder la licencia para enajenar el bien, por lo que, en caso de que se lleve a cabo la venta sin la autorización del juez, la misma carecerá de validez.

Existen otras limitaciones que establece la legislación respecto de los bienes de los hijos: los padres no podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir renta anticipada por más de dos años ni vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados por un valor menor del que se coticen al día de la venta, tampoco podrán hacer donación de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de los derechos de estos ni dar fianza en representación del hijo. Lo anterior para conservar los bienes.

En consecuencia, los padres, al ejercer la patria potestad de sus hijos, son sus representantes legales, sin que implique que se conviertan en propietarios de los bienes que pertenecen a sus hijos, ya que solo tendrán derecho a administrar los bienes que adquieren por medio distinto al trabajo y al cincuenta por ciento del usufructo de estos, debiendo entregar los bienes con los frutos correspondientes al alcanzar sus hijos la mayoría de edad. Asimismo, cuando se celebre alguna operación respecto de bienes de menores de edad, se deberán contar con los requisitos que señala la ley para su validez.

Accionista con presencia dominante

Por: Abogada Gabriela Valencia Rangel.

Cuando iniciamos con un negocio y queremos formalizar constituyendo una sociedad mercantil para obtener los beneficios del velo corporativo, que no es otra cosa que la separación legal entre una sociedad y sus accionistas. Algo que se presenta habitualmente es elegir al otro accionista, ya que la mayoría de las veces, los negocios se dan por una persona, pero nos enfrentamos al hecho de que para constituir una sociedad mercantil necesitamos al menos dos accionistas.

Lo anterior, nos lleva en algunas ocasiones a tener que ceder un 1% de la empresa a un familiar o amigo de confianza, y quedarnos con el 99% de las acciones. ¿pero esto que implicación tiene?

La Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, establecen que, el órgano supremo de toma sociedad es la Asamblea General de Accionistas, lo cual implica que el accionista que detenta el 99% de las acciones tiene una presencia dominante, esto implica que, las resoluciones al tomarse por mayoría de votos de los accionistas, el accionista dominante tiene la posición decisoria de estas; dentro de las decisiones que puede tomar se encuentran las siguientes:

  • Aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos, las medidas que juzguen oportunas.
  • Nombrar y remover a los gerentes.
  • Intentar contra los órganos sociales o contra los socios, las acciones que correspondan para exigirles daños y perjuicios.
  • Modificar el contrato social. (estatutos sociales)
  • Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social.
  • Decidir sobre la disolución de la sociedad.

Lo anterior, se traduce en que tiene una posición dominante y decisoria dentro de la sociedad, que prácticamente todas las decisiones que tome serán acordadas de manera favorable dentro de la sociedad sobre temas de autodeterminación, incluso de su subsistencia o inexistencia.

Esto ha llevado a un criterio de la Suprema Corte, al considerar que, cuando existe un accionista con una posición dominante y decisoria dentro de la sociedad, por contar con la mayoría, casi absoluta, de las acciones que forman parte del capital social de una empresa; no puede alegar que desconoce un procedimiento judicial, donde la empresa es parte, alegando que es una persona extraña en el juicio de amparo, al considerar que es indudable que la empresa está ligada en forma absoluta a la voluntad de accionista mayoritario, y tiene un conocimiento directo, completo y exacto del juicio.

Con independencia del criterio anterior, la propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece que: la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y el contrato social. Por lo tanto, en atención al criterio de la Suprema Corte, el actuar del accionista dominante se considera que actúa en nombre y representación de la sociedad.

Tratado sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados

Tratado sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados

El 24 de mayo de 2024, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) aprobaron el Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados. Aunque este tratado podría parecer uno más en la materia, representa un logro significativo, ya que se ha estado negociando desde 1999 y solo ahora se ha llegado a un acuerdo.

El tratado tiene como objetivo regular la relación entre la propiedad intelectual y los recursos genéticos, así como los conocimientos tradicionales. Los pueblos indígenas y las comunidades locales buscan proteger sus conocimientos ancestrales, como la medicina tradicional, el arte, los símbolos, la música y los conocimientos medioambientales, a través de la propiedad intelectual. Aunque los recursos genéticos en sí no son patentables, las invenciones basadas en ellos sí lo son y pueden ser protegidas mediante patentes.

El nuevo tratado reconoce el papel que el sistema de patentes puede desempeñar en la protección de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados. También retoma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y reafirma el compromiso de alcanzar los objetivos expuestos en ella, subrayando la necesidad de incluir a los pueblos indígenas en la implementación del tratado.

El tratado estipula la divulgación del origen de los recursos genéticos utilizados en las invenciones al presentar solicitudes de patente. Además, cuando corresponda, se debe divulgar la comunidad indígena o local que proporciona el conocimiento tradicional asociado a estos recursos. Esta medida busca aumentar la eficacia, transparencia y calidad del sistema de patentes.

Además, el tratado prevé la creación de sistemas de información, como bases de datos que recopilen recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, en colaboración con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estos sistemas serán utilizados, con las debidas salvaguardias, para facilitar la búsqueda y el examen de las solicitudes de patente.

En conclusión, el Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados no solo promueve la innovación y la protección de invenciones basadas en recursos genéticos, sino que también asegura que los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos de los pueblos indígenas y las comunidades locales reciban el reconocimiento y la protección que merecen. Este acuerdo representa un avance significativo hacia un sistema de propiedad intelectual más inclusivo y equitativo, que valora y respeta las contribuciones de todas las culturas y comunidades.

Suprema Corte valida el mecanismo de aviso y retirada en internet

Por: Lic. Laura M. Garay

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, respecto de la constitucionalidad de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, donde se regula el mecanismo de aviso y retirada o también conocido en inglés como “Notice and Takedown”, el cual permite a los autores, creadores de contenido, artistas, intérpretes o titulares de derechos de autor (música, fotografía, audiovisuales, entre otras); así como a los titulares de derechos conexos (interpretaciones o ejecuciones); solicitar el retiro o eliminación de obras por el uso no autorizado en plataformas digitales (YouTube, Instagram, Facebook).

Con el voto a favor, por parte de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se validó el mecanismo “Notice and Takedown”, determinando que armoniza los derechos de autor y libertad de expresión. La ministra Margarita Ríos Fajart argumentó: “No podemos pensar en el presente asunto en dos aspectos confrontados, por un lado, la libertad de expresión, y por otro lado la protección al derecho de autor. Me parece que ambos conviven, y, de hecho, el derecho de autor no es más que un reconocimiento formal de una capacidad creativa de quien ejerce su libertad de expresión. La libertad de expresión no podría entenderse si no es en el marco del respeto a los derechos de terceros, con mayor razón al derecho de autor”. 

Notice and takedown” es un mecanismo que se ha implementado en más de 50 países, entre ellos: Estados Unidos de América, los que conforman la unión europea y, a partir del año 2020, en México, con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Cabe destacar que ningún Tribunal de los países en los que se ha regulado lo ha considerado como censura a la libertad de expresión.

Recordemos que el objetivo principal de “Notice and takedown” es brindar celeridad, eficacia, certidumbre y protección a los derechos humanos de los autores; de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dentro de los requisitos para solicitar el retiro de alguna obra o contenido protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor es justamente que la misma tenga la calidad de obra, es decir, sólo se protege la forma concreta de expresión más nunca una idea. Por lo que, no podría considerarse censura o vulneración a la libertad de expresión, ya que no se prohíbe ni se aplican restricciones a ninguna persona para que suba contenidos a internet, salvo que infrinjan derechos de autor.

La reforma se encaminó a resolver problemáticas que surgen con el entorno digital, que facilita el uso no autorizado de obras protegidas por derecho de autor en internet.

“Notice and Takedown” es un mecanismo efectivo e inmediato que salvaguarda los derechos protegidos en materia de derechos de autor, permitiendo a quien acredite ser titular de derechos de autor o derechos conexos se remueva, elimine o inhabilite el contenido de manera inmediata. En caso de que el contenido se remueva, elimine o inhabilite, la plataforma digital enviará un aviso al usuario afectado, quien tendrá oportunidad de presentar un contra aviso en el que deberá demostrar la titularidad o autorización de uso del contenido (licencia o autorización, limitación de derechos de autor o era de dominio público), y conforme a ello, la plataforma restituiría dicho contenido notificando al autor o titular del derecho de autor. En caso de hacer un mal uso de este mecanismo, se podrá obtener una sanción económica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por una falsa declaración, con el fin de que no se use de manera arbitraria de dicho mecanismo.

Con la resolución de validez de “Notice and takedown” la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza salvaguardar el derecho humano de los autores.

NO VOY A VOTAR, ME TOCA TRABAJAR

Por: Licenciado Jair I. Anzures Ornelas

Este domingo 02 de junio de 2024, se llevará a cabo en México el proceso electoral federal y local, con lo cual, han surgido algunas dudas con respecto a si las personas que trabajan ese día les dará tiempo de votar, si se considera festivo, entre otras que abordaremos en el presente.

¿Es festivo?

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 74 establece los días que son de descanso obligatorio, en la fracción IX de dicho artículo se establece lo siguiente:

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

En ese sentido, tal como lo expresa la fracción IX del artículo en comento, este domingo 02 de junio de 2024 se considera de descanso obligatorio para todos los trabajadores.

¿El descanso es sin goce de sueldo?

Al ser un día de descanso obligatorio se debe pagar como un día laborado con normalidad.

¿Cuánto deben pagarme si tengo que trabajar ese día?

En caso de laborar ese día el patrón deberá pagarte, independientemente del salario que te corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, en pocas palabras, deberá pagarte el triple del salario; esto está previsto en el artículo 75 de nuestra legislación laboral.

Además de lo anterior, por tratarse de un domingo, el patrón deberá pagarte una prima dominical, al menos del 25%, sobre el salario que te corresponde por un día ordinario de trabajo; ello con fundamento en el artículo 71 de la mencionada ley.

¿Y si no me da tiempo de ir a votar?

Nuestra legislación laboral en el artículo 132 establece las obligaciones de los patrones, en la fracción IX de dicho artículo se establece la siguiente:

IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, los procesos de revocación de mandato y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5o., de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo.

En ese sentido, tal como lo expresa la fracción IX del artículo en comento, este domingo 02 de junio de 2024 es obligación del patrón conceder permiso a sus trabajadores para que acudan a ejercer su voto en las elecciones populares.

Por lo que recomendamos a los patrones, que coordinen con sus trabajadores los horarios en los que les permitirán que acudan a ejercer su voto, a fin de que no se vean afectadas sus operaciones.

En conclusión, aquellos patrones que, la naturaleza de sus labores, no les permite parar sus actividades el día de las elecciones, deberán pagar el triple de los sueldos, aunado a esto, hay que tomar en cuenta que, además de pagar el triple, tendrán que permitir a los trabajadores que acudan a votar, lo cual ese día mermará en su operación e incrementará el costo de su nómina.

Por último, ¡salgamos todos a votar!

Convenio de reconocimiento de adeudo

Por: Licenciada Elizabeth González Flores

La recomendación es documentar todas las operaciones que se realizan; sin embargo, en muchas ocasiones, solo se celebra contratos de forma verbal, lo que trae como consecuencia que se dificulte acreditar los acuerdos a los que llegaron las partes en caso de incumplimiento, así como las obligaciones a cargo de las partes y las modalidades pactadas.

Cuando no se documentó un préstamo o alguna deuda, es recomendable celebrar un convenio en el que el deudor reconozca el adeudo de determinada cantidad a favor del acreedor, en el documento se debe describir el antecedente del que emana la obligación, la cual puede derivar, por ejemplo, de un contrato de prestación de servicios, de un contrato de compraventa o de un contrato de mutuo; entre otros.

Es recomendable que, en el documento el deudor, expresamente manifieste la cantidad de dinero que se reconoce deber, la fecha de pago, lugar de pago o los intereses pactados.

Asimismo, a través del convenio las partes involucradas pueden aclarar los términos y condiciones bajo los cuales se celebró el contrato del cual deriva o modificar las obligaciones que de forma verbal pactaron, obteniendo así, certeza y seguridad jurídica en su relación contractual.

La naturaleza del contrato de reconocimiento de adeudo deriva de la obligación que le da origen, sin embargo, este reconocimiento puede realizarse en un documento privado o constar en escritura pública.

De conformidad con determinados preceptos legales, en especial, el artículo 1391, fracción II, del Código de Comercio, traen aparejada la ejecución los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que, de los mismos, expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida; lo cual permite que, en caso de incumplimiento, el pago sea exigible en la vía ejecutiva mercantil.

Actualmente se han emitido criterios judiciales, en los cuales, se han establecido que no es procedente la vía ejecutiva mercantil para reclamar el pago de las parcialidades no pagadas, con base en un reconocimiento de adeudo celebrado entre particulares que conste en instrumento notarial, al no considerarse un acto de comercio y por consiguiente no es apto para hacerlo valer en la vía ejecutiva mercantil, pese a que encuadra en el supuesto establecido en el precepto legal citado.

Asimismo, existe diverso criterio, en el que un reconocimiento de adeudo acompañado de un estado de cuenta certificado por contador facultado por la institución de crédito acreedora; puede constituir un título de crédito, con la condición de que la deuda sea cierta, exigible y líquida. En este caso, se trata de un reconocimiento de adeudo que deriva de un contrato de crédito celebrado con una institución de crédito y al que adicionalmente se acompaña un estado de cuenta, por lo cual, se considera que se cumple con el supuesto de ley establecidos en la legislación mercantil, por lo que puede considerarse de esa forma. Atento a lo anterior, debe valorarse cada caso en particular para el juicio que de iniciarse con base al documento donde conste el reconocimiento del adeudo.

Estancias Turísticas en CDMX

Por: Abogada Gabriela Valencia Rangel

Actualmente es muy común que, cuando planeamos un viaje, consideramos revisar tanto hoteles como plataformas digitales para alojarnos, si tienes un inmueble registrado en alguna plataforma digital y se ubica en Ciudad de México, debes cumplir con ciertos requisitos que a continuación te detallamos.

El pasado 4 de abril del 2024; se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX el «DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, ASÍ COMO REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MEXICO» (el «Decreto»)

El objetivo del Decreto es regular la oferta de actividades y estancias turísticas, creando un Padrón de Anfitriones para el registro de las personas físicas o morales que ponen a disposición de los turistas, de forma parcial o total, un inmueble para brindar el servicio de estancia turística (se les denomina anfitriones) y de las plataformas tecnológicas, mediante los cuales, se oferta el servicio de estancia turística. Es oportuno aclarar que esto solo aplica en la Ciudad de México.

Con la regulación del servicio de estancia temporal en inmuebles de uso habitacional a cambio de una contraprestación (estancia turística eventual), se crea un Padrón de Anfitriones y si eres anfitrión debes considerar lo siguiente:

  1. El registro de anfitriones y de plataformas tecnológicas, este registro será administrado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
  2. El propósito del registro es integrar una base de datos, que contenga:
    • La identificación de los anfitriones y plataformas tecnológicas
    • La identificación de los inmuebles de uso habitacional en donde se presten los servicios de estancia temporal eventual
  3. Se detallan las obligaciones de los anfitriones, dentro de las cuales destacan:
    • Registrarse en el Padrón de Anfitriones
    • Inscribir sus inmuebles
    • Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada de las características, contraprestación y reglas de uso del inmueble ofertado.
    • Proporcionar semestralmente a la Secretaría de Turismo, un reporte del número de ocasiones en las que se han ocupado los inmuebles.
    • Informar a los vecinos sobre el uso turístico de los inmuebles ofertados
    • Cumplir con las obligaciones fiscales
    • Proteger los datos personales
    • Vigilar que no se ocupen las viviendas para actividades que alteren el orden público

Por cada inmueble que se registre en el Padrón de Anfitriones se expedirá una constancia y folio, y dicho folio deberá registrarse en las plataformas en las que se oferte el inmueble. La vigencia del registro es anual y deberá renovarse dentro de los 30 días naturales previos a su expiración.

El anfitrión tiene la obligación de informar al turista las reglas de uso del inmueble y, en caso de que la propiedad se encuentre en régimen condominal, deberá proporcionar, al turista, los puntos del Reglamento que aplique al condominio y checar las prohibiciones o limitaciones que existen en dicho reglamento para que el turista no incumpla con las mismas.

Sin lugar a duda, esta nueva disposición va a tener varias implicaciones, tanto en temas de propiedad, propiedad en condominio, seguros de las viviendas, regularización del pago de los servicios relacionados con el inmueble, privacidad de datos, temas recaudatorios, entre otros; así que, revisa para que no te agarren en curva.