Por: Lic. Rodrigo Martínez.
Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más inmerso en la tecnología, las actualizaciones y exigencias del mercado cada vez son más cambiantes, y precisamente uno de esos cambios son las condiciones en las que los usuarios inician y concluyen una operación de compra y venta. Hoy pagar con tarjeta física o digital, con una transferencia o escaneando un código QR es cada vez más común en muchos sectores comerciales en México. Aun así, el efectivo domina las compras cotidianas de bajo monto: el puesto de comida de la esquina, la tienda de abarrotes y el pequeño comercio.
Con esa premisa, y en un intento más del estado mexicano de estar a la vanguardia legislativamente, se publicó el pasado 04 de noviembre del presente año la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
La nueva Ley, de aplicación en todo el territorio nacional, busca reducir el uso de efectivo, promover los medios de pago digitales y ampliar la inclusión pago de efectivo y promover la adopción de medios pagos digitales y electrónicos en las operaciones económicas, ampliar la inclusión financiera. Reconoce como medios de pago las tarjetas de crédito y débito, las transferencias electrónicas (incluida la domiciliación), los códigos QR y los dispositivos NFC.
Lo que sí cambia:
- Trámites y servicios de gobierno. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán aceptar medios de pago digitales.
• Sectores con pago exclusivamente digital. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que el pago digital podrá ser la única forma de pago. Cuenta con 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor. Después, las autoridades de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para fijar condiciones, requisitos y plazos de transición gradual.
• Identidad digital para contratar servicios financieros. La CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano se reconocen como mecanismos de confianza. Los documentos digitales del expediente producen los mismos efectos jurídicos que los físicos.
- Nuevas atribuciones al Banco de México orientadas a: (i) facilitar la utilización de pagos digitales y electrónicos; (ii) implementar programas informáticos; (iii) establecer disposiciones para homologar la experiencia de uso de aplicaciones financieras y emitir reglas relacionadas con pagos mediante terminales de punto venta y códigos QR en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Las entidades financieras deben promover la inclusión financiera para facilitar el otorgamiento de créditos y financiamientos mediante medios digitales.
- Los tres órganos de gobierno de manera conjunta deberán implementar las soluciones tecnológicas para desarrollar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las soluciones son: (i) CURP digital; (ii) Expediente digital ciudadano para personas físicas y morales; (iii) Ventanilla Digital Nacional de Inversiones; y (iv) Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
Lo que no cambia:
• El efectivo no desaparece. Fuera de los sectores que determine Hacienda, aceptar pagos digitales sigue siendo decisión de cada negocio: la ley señala que los proveedores “podrán” implementarlos.
• La CURP Digital no es obligatoria. La persona usuaria puede elegir otra identificación oficial.
• El expediente no se consulta libremente. Las entidades financieras lo utilizan a solicitud de la persona usuaria.
• Hay salida ante fallas. Si una contingencia impide recibir pagos digitales, se permitirá el pago en efectivo o con cheque. En los sectores obligados, las contingencias no podrán justificar un incumplimiento permanente o recurrente.
Lo que falta por definir:
La ley no establece con qué criterios Hacienda elegirá los sectores obligados ni cómo se acompañará a los comercios en la transición. Muchos negocios aún no usan estos medios por costos, conectividad o falta de familiaridad con la tecnología, y para ellos la gradualidad será decisiva.
El decreto tampoco incluye reglas propias sobre protección de datos personales para la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano. Las preguntas relevantes siguen abiertas: qué medidas de seguridad se exigirán, quién responderá ante una vulneración y cómo se prevendrán el fraude, el phishing y el ransomware.
Hay además un reto operativo. Si un gran número de agentes económicos migra a los pagos digitales, una caída de sistemas afectará a consumidores y comercios por igual. La ley ordena implementarse con el presupuesto ya asignado, sin recursos adicionales, y no contiene un capítulo de sanciones.
Como se ha dicho esta nueva ley es ambiciosa al buscar la integración de sectores del comercio al mundo financiero digital, no obstante, ha traído más interrogantes que soluciones al momento actual del país, sin duda alguna la efectividad de esta regulación dependerá, en buena medida, de la coordinación entre las autoridades competentes, la capacitación en uso de las plataformas, la proporcionalidad de las obligaciones que se establezcan y la adopción de mecanismos de implementación gradual, pues es un nuevo reto para los comerciantes.
