Por: Lic. Laura M. Garay
No todo conflicto tiene que terminar en tribunales. En México, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) permiten resolver diferencias mediante el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos, sin necesidad de acudir a ellos.
Entre estos mecanismos se encuentran la negociación, mediación y conciliación, en las que las propias partes construyen la solución con o sin la ayuda de un tercero.
En el entorno empresarial, la propiedad intelectual constituye uno de los activos más importantes. Forman parte de su patrimonio intangible (marcas, derechos de autor -en los cuales se encuentran los programas de cómputo, diseños, fotografías, contenidos publicitarios- y los secretos industriales). Todos ellos tienen un valor comercial significativo.
Sin embargo, su uso, explotación o comercialización puede generar diferencias entre empresas, proveedores y titulares de derechos, esto ocurre sobre todo cuando no existen autorizaciones claras, se desconocen los alcances de una licencia o se incumplen obligaciones contractuales. Estas situaciones pueden derivar en infracciones administrativas en materia de comercio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en acciones de daños y perjuicios e incluso, en ciertos supuestos, en denuncias penales.
Ante este panorama, los MASC adquieren especial relevancia como herramientas para prevenir y atender conflictos, al permitir identificar los desacuerdos y buscar soluciones antes de que se conviertan en controversias legales de mayor alcance.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los mecanismos alternativos como una vía para garantizar el acceso a la justicia.
En materia de propiedad intelectual se cuenta con vías especializadas; como lo es el procedimiento de avenencia ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor, para conciliar controversias sobre derechos de autor. Arbitraje en materia autoral, también contemplado en la Ley Federal del Derecho de Autor, y Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), referente internacional en disputas de propiedad intelectual y de nombres de dominio.
Estos mecanismos permiten alcanzar acuerdos para aclarar la titularidad de derechos, delimitar autorizaciones de uso de marcas u obras, establecer condiciones para la explotación de contenidos, regularizar licencias de software y precisar obligaciones y responsabilidades entre las partes.
Asimismo, incorporar cláusulas de solución de controversias en contratos de prestación de servicios, licenciamiento, desarrollo tecnológico y publicidad; que permiten establecer vías para atender oportunamente los desacuerdos, privilegiando el diálogo antes de acudir a instancias legales.
Esto resulta importante si consideramos que un litigio judicial puede implicar mayores costos por honorarios legales y gastos procesales, largos plazos de resolución e incertidumbre sobre su resultado.
La eficacia de estos mecanismos se sustenta en sus principios, entre los que destacan la voluntariedad, autonomía de la voluntad, buena fe, confidencialidad, equidad, flexibilidad, imparcialidad, legalidad y neutralidad. En particular, la confidencialidad permite que las partes puedan dialogar sin el temor de que lo manifestado en este mecanismo sea usado el día de mañana en el litigio.
Los MASC no sustituyen las obligaciones legales ni eliminan automáticamente las consecuencias de una infracción. Sin embargo, constituyen una herramienta para reducir contingencias económicas y jurídicas y evitar, cuando resulte legalmente procedente, que las diferencias escalen a procedimientos judiciales, ya que las partes pueden pactar sobre el uso, pago de regalías o la reparación de daños.
En materia de propiedad intelectual no basta con saber defenderse ante una infracción o demanda; también es fundamental contar con herramientas para prevenirlas y resolver oportunamente las diferencias privilegiando el diálogo y los acuerdos permitiendo anticipar conflictos, proteger intangibles, reducir costos y el desgaste de un litigio, convirtiéndose en una decisión estratégica para proteger el patrimonio de los negocios.
