Por: Lic. Laura M. Garay
Hace apenas unos años, hablar de protección de datos personales era un tema reservado para abogados especialistas en cumplimiento normativo o responsables de tecnologías de la información. Hoy la realidad ha cambiado de manera significativa. Cada vez que descargamos una aplicación, realizamos una compra en línea, solicitamos un servicio de transporte o compartimos información en redes sociales; estamos proporcionando datos personales.
La tecnología ha transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. También ha cambiado la forma en que empresas y organizaciones recopilan, utilizan, comparten y almacenan información y datos personales. Por ello, el marco legal que regula el tratamiento de datos personales debería evolucionar al mismo ritmo que la tecnología y los nuevos modelos de negocio.
En México, la conversación sobre una posible modernización del marco regulatorio en materia de protección de datos personales cobra cada vez más relevancia. No se trata únicamente de actualizar una ley; se trata de responder a desafíos que hace algunos años simplemente no existían o parecían lejanos.
Todos los días convivimos con herramientas basadas en inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento facial, dispositivos inteligentes y modelos capaces de analizar grandes volúmenes de información para tomar decisiones o realizar predicciones. Estas tecnologías ofrecen importantes beneficios para las personas, las empresas y el sector público; sin embargo, también generan cuestionamientos sobre la privacidad, la transparencia y el uso responsable de la información.
Uno de los temas que más atención ha despertado es el tratamiento de datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial o reconocimiento de voz. De igual forma, cada vez es más común el uso de sistemas automatizados que toman decisiones basadas en algoritmos, así como mecanismos de rastreo que permiten conocer hábitos de navegación, preferencias de consumo e incluso patrones de comportamiento de los usuarios.
Ante este escenario, la protección de datos personales deja de ser una cuestión meramente documental. Durante muchos años, para numerosas organizaciones el cumplimiento se limitó a contar con un aviso de privacidad y ciertos documentos internos. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan hacia un modelo mucho más integral, en el que las empresas deberán demostrar que conocen los riesgos asociados al tratamiento de información personal y que cuentan con medidas efectivas para gestionarlos.
Esto implica adoptar políticas y medidas de seguridad adecuadas, supervisar a los proveedores que tienen acceso a datos personales, establecer protocolos de actuación frente a incidentes de seguridad y fortalecer los mecanismos internos de cumplimiento. En otras palabras, la privacidad debe formar parte de la cultura organizacional y no considerarse únicamente una obligación legal.
Asimismo, las evaluaciones de riesgo se perfilan como una herramienta cada vez más relevante. Antes de implementar nuevas tecnologías o procesos que involucren información personal, será necesario analizar sus posibles efectos sobre los derechos de las personas e identificar medidas que permitan prevenir o mitigar riesgos de manera anticipada.
La protección de datos personales ya no es un tema exclusivo de especialistas. Se trata de una cuestión que impacta directamente la vida cotidiana de cualquier persona que utiliza internet, realiza trámites digitales, interactúa en redes sociales o utiliza plataformas tecnológicas para trabajar, estudiar o comunicarse.
México se encuentra ante una oportunidad importante para fortalecer su marco de protección de datos personales y adecuarlo a los desafíos de la economía digital. El verdadero reto consistirá en encontrar un equilibrio que permita impulsar la innovación tecnológica sin perder de vista que detrás de cada dato existe una persona. En un entorno cada vez más digitalizado, proteger los datos personales no sólo significa cumplir con la ley; también implica generar confianza, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar que el desarrollo tecnológico continúe avanzando con pleno respeto a los derechos fundamentales.
