Por Martha C. Bravo Rojas
El jueves 28 de noviembre de 2024 se llevó a cabo uno de los operativos más grandes en la lucha contra la piratería en México.
Con la participación de 50 inspectores del IMPI, 42 elementos de la Secretaría de Marina, 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 60 elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y 12 funcionarios de Comercio Exterior, el operativo se concentró en el edificio ubicado en Izazaga 89, en la Ciudad de México. Este lugar es conocido por ser un punto clave en la distribución de productos de origen chino, caracterizados por su baja calidad, precios muy bajos y, en muchos casos, por utilizar marcas, diseños o personajes sin autorización legal.
El aspecto más destacado del operativo fueron las declaraciones del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien afirmó: “Al propietario le voy a mandar una notificación, vía la Fiscalía, de que vamos a aplicar extinción de dominio, porque ya van cuatro operativos, ya no puedes decir que hay dolo.”
La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado apropiarse de bienes relacionados con actividades ilícitas, sin necesidad de una condena penal contra el propietario. Su objetivo es desmantelar las estructuras económicas que sustentan actividades criminales y evitar que los recursos derivados de estas acciones sigan perjudicando a la sociedad.
Aunque esta figura se aplica generalmente en casos de narcotráfico o trata de personas, su implementación en temas de piratería subraya la gravedad del problema. Es importante recordar que producir, almacenar, transportar, importar, distribuir o vender objetos falsificados constituye un delito que puede ser castigado con penas de tres a diez años de prisión, según las leyes mexicanas.
En el centro de la Ciudad de México, la venta de productos que ostentan marcas falsificadas se ha normalizado, pero la aceptación social de esta práctica no la exime de su carácter delictivo.
La implementación de estas medidas coincide con la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, para restringir la entrada de productos provenientes de China que infringen derechos de propiedad intelectual.
Si este tipo de operativos se vuelve una práctica recurrente, México podría fortalecer su credibilidad internacional y fomentar un entorno más justo para los fabricantes nacionales. Industrias como la del calzado y la de los juguetes, severamente afectadas por la piratería, serían algunas de las principales beneficiadas.
El mega operativo en Izazaga 89 no solo marca un precedente en la lucha contra la piratería, sino que también señala un cambio hacia una mayor protección de la propiedad intelectual y un esfuerzo por fomentar un mercado más justo y competitivo. Esta acción no solo envía un mensaje contundente a quienes se benefician de actividades ilícitas, sino que también ofrece una oportunidad para fortalecer la economía formal y recuperar la confianza en el sistema de justicia.