Por: Licenciada Martha Cristina Bravo Rojas
Esta semana, como abogados, no podemos hablar de otro tema que no sea la Reforma Judicial, aprobada en la madrugada del 11 de septiembre de 2024.
Sin entrar en el tema político de su aprobación, los dimes y diretes de los legisladores, la sospechosa desaparición de uno de ellos, y las alianzas no tan inesperadas de otros, quiero centrarme en uno de los puntos que más me preocupan de esta reforma.
Sin duda, en nuestro país era necesario hacer cambios en el Poder Judicial; no es ningún secreto la falta de justicia expedita, el exceso de corrupción y el “chicaneo” que se sufre. Debemos ser claros: nuestro Poder Judicial atraviesa una severa crisis de ética e integridad, y es necesario aplicar mano dura y realizar cambios reales para asegurar la justicia.
La pregunta es, ¿esta reforma realmente busca esos fines? Mi primera crítica hacia la reforma judicial se refiere a la falta de requisitos para los candidatos propuestos como jueces, magistrados y ministros.
No basta con haber estudiado la carrera de derecho para dictar sentencias; es necesario contar con una carrera judicial, por la cual se ha peleado y trabajado desde hace años en nuestro país. Desde la perspectiva de las personas cuyos conflictos serán resueltos por un juez, es indudable que preferiríamos que quien dicte una sentencia tenga experiencia judicial y no solo popularidad para ganar elecciones.
La verdadera democracia no es solo la que se ejerce en las urnas, sino también la que garantiza a los ciudadanos un Estado de Derecho, en el que el poder encargado de observar el cumplimiento de las normas sea autónomo y esté capacitado.
Al politizar el Poder Judicial, estamos arriesgando la imparcialidad de los jueces. Además, con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se otorgará la facultad de investigar y sancionar a dichos servidores, y sus determinaciones serán inatacables, es decir, no se podrá interponer juicio ni recurso alguno en contra de ellas, la pregunta obligada será ¿qué intereses protegerá el Tribunal?
Se le ha quitado autonomía al Poder Judicial y la forma en que evolucionará esta reforma y en como será aplicable es realmente preocupante. Es verdad que tenemos una responsabilidad con nuestro país para elegir funcionarios públicos capaces, sin embargo, me sentiría más tranquila si la elección se realizara a través de exámenes de oposición entre quienes tienen más experiencia en la carrera judicial, en lugar de entre aquellos que son propuestos por los políticos de nuestro país, quienes dejan mucho que desear.
Aunque es innegable que el Poder Judicial necesitaba una reforma profunda, la forma en que se está implementando genera más dudas que certezas. La politización del proceso de selección de jueces y magistrados, así como la falta de criterios rigurosos para asegurar que quienes ocupen estas posiciones sean verdaderos expertos en la materia, pone en riesgo la imparcialidad y la calidad de la justicia en México. Si realmente queremos un sistema judicial eficiente y justo, es indispensable que las reformas se enfoquen en fortalecer la autonomía del Poder Judicial y asegurar que quienes lo integran cuenten con la preparación y experiencia necesarias para hacer valer el Estado de Derecho.
