Por: Martha C. Bravo
En el complejo entramado del comercio y la propiedad industrial, la concesión de marcas puede ser mucho más que un mero trámite administrativo. En este sentido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se encuentra enfrentando un desafío ético y legal al considerar la otorgación de marcas que podrían interpretarse como apología hacia figuras delictivas.
La noción de apología, entendida como un discurso de alabanza hacia algo o alguien, cobra especial relevancia en este contexto. El IMPI debe ponderar si conceder el nombre o apodo de un delincuente como marca implica dar una especie de autorización tácita para asociar productos y servicios con dicha figura.
Es fundamental recordar que el registro de una marca otorga derechos exclusivos sobre su uso en el mercado. Sin embargo, al permitir que un nombre vinculado a la criminalidad se convierta en una marca registrada, ¿se está contribuyendo indirectamente al fortalecimiento económico de esa figura delictiva o sus representantes?
El caso del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán sirve como ejemplo ilustrativo de este dilema. Mientras marcas como “El Chapo de Sinaloa” han sido aprobadas, otras como “El Chapo Guzmán” han sido denegadas. Esta disparidad en la decisión del IMPI plantea interrogantes sobre la consistencia y equidad de los criterios aplicados.
Además, la influencia del titular de la marca parece desempeñar un papel significativo en el proceso de concesión. ¿Es justo que una marca sea otorgada a favor de una persona y negada a otra, incluso si ambas evocan a la misma figura delictiva?
El caso de “La Reina del Pacífico” es otro ejemplo revelador. Mientras una marca previamente otorgada protege productos como café, té y cacao, solicitaciones similares han sido denegadas bajo el argumento de que crean apología de delito de conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
En última instancia, el IMPI se encuentra ante un desafío complejo que exige un delicado equilibrio entre la protección de la propiedad industrial y la prevención de la apología del delito. La delgada línea entre la comercialización y la exaltación de figuras delictivas plantea cuestiones éticas y legales que requieren una cuidadosa consideración y debate público. En este sentido, la labor del IMPI no solo implica la salvaguarda de la integridad de las marcas, sino también la defensa de valores fundamentales en una sociedad democrática y justa.
